Tras más de 5 años, apareció el cadáver de Luciano Arruga

La familia de Luciano Arruga confirmó este viernes en conferencia de prensa que fue identificado el cuerpo del joven, quien había salido de su casa de Lomas del Mirador cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con un peso cincuenta, rumbo a un ciber cercano, pero nunca regresó.

Según informaron fuentes judiciales, Arruga habría ingresado a la morgue como una supuesta víctima de un accidente. Su cuerpo fue encontrado en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN y pudo ser sido identificado por las huellas dactilares.

Al confirmar la información, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, dijo que "durante seis años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta" y lamentó que el caso "no se haya resuelto mucho antes".

Desde su desaparición, la familia sostuvo que Luciano fue conducido a un destacamento policial local que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer  por negarse a robar para la Policía.

De acuerdo al expediente, Arruga ya había sido detenido y torturado en septiembre de 2008 en el mismo destacamento, luego de lo cual les relató a sus familiares las exigencias de los efectivos policiales le efectuaron.

Durante estos cinco años y medio, el cuerpo del joven fue buscado en Monte Dorrego, una zona cercana a la comisaría, pero la familia reclamaba que se reanudaran las excavaciones y que interviniera el Equipo Argentino de Antropología Forense.

En julio, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Cels, que patrocina a la familia, y ordenó que se busque a Arruga, quien "fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de la autoridad pública", según se destacó en el fallo.

Los jueces criticaron duramente la investigación, ya que la denuncia hecha en 2009 por Mónica Alegre, madre de Luciano, en el Destacamento de Lomas del Mirador tardó cinco días en llegar a la Justicia, lapso en el que creen que se borraron los rastros del joven, y luego la fiscalía delegó la investigación en los mismos policías que la familia acusaba.

Días atrás, el Ministerio de Seguridad de la Provincia resolvió aumentar la recompensa pública de 300 mil pesos a 1 millón para aquellas personas que aporten datos concretos que permitiesen dar con su paradero o esclarecer la desaparición del joven.