Juicio por trata: “Es un avance, aunque nunca caen los peces gordos”

A partir de este martes, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata juzgará a nueve personas acusadas de integrar una red de trata de personas en el prostíbulo “Dulcinea” que funcionaba en calle San Salvador al 7200.

Los imputados son Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez, todos acusados de captar víctimas, recibirlas y reducirlas a la servidumbre.

En diálogo con 0223, Silvina Elías, integrante de la ONG La Alameda en Mar del Plata, recordó que la red fue desbaratada luego de que dos mujeres que eran sometidas pudieron escapar y aclaró que este es el primer juicio oral y público por el delito de trata de personas, aunque no la primera causa. “La diferencia es que esos fueron juicios abreviados”, dijo.

Si bien consideró que “se está ante un avance”, lamentó que “en general, los peces gordos nunca quedan en el banquillo de los acusados”. “Acá caen ‘perejiles’, pero no los que cuentan la plata”, cuestionó.

En ese marco, Elías mencionó que en este caso en particular también “se constató en el prostíbulo la presencia de personal policial y migratorio”. Las visitas de esas autoridades, evaluó, “tenía que ver no solamente con que eran los que iban a buscar la plata, sino para condicionar e intimidar a las víctimas”. “Si las autoridades a las que podían denunciar esta situación estaban allí, claramente no tenían a quién acudir”, razonó.

Además, la referente de La Alameda a nivel local sostuvo que es necesario “llegar hasta la última persona involucrada en este delito”. “La trata de personas es parte del crimen organizado del que necesariamente participa en Estado a través de la complicidad”, enfatizó.

Por otra parte, criticó el accionar de la municipalidad sobre los prostíbulos que se detectan en distintos puntos de la ciudad. “Cuando pedimos que se terminen con las whiskerías pedíamos que se cerraran estos lugares, no que Inspección General hiciera controles para ver si tenían matafuegos o habilitación municipal”, dijo. Y aseveró: “Lamentablemente, no entendieron que esto no es un trámite administrativo y después de clausurarlos, vuelven a funcionar porque los funcionarios no hacen las denuncias correspondientes en la Justicia Federal”.