Caso Hooft: llegó la hora de los alegatos

La audiencia arrancó a las 9.

23 de Abril de 2014 11:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

En estos momentos, en el marco del jury que se le sigue al juez Pedro Federico Hooft, se conocen los alegatos de la acusación y la defensa del magistrado suspendido y enjuiciado por presunta complicidad en la comisión de delitos de lesa humanidad.

El fallo que surja de este juicio político determinará si hace hace efectiva o no la destitución o no del juez provincial, que hasta entonces se acaparó en sus fueros para no declarar en una causa iniciada hace siete años.

Según informaron en Infojus, la acusación “basará su argumentación en las pruebas documentales sobre los `incumplimientos funcionales´ de Hooft, que archivó hábeas corpus sin tener la respuesta de las Fuerzas Armadas y que no informó sobre la muerte de los detenidos-desaparecidos ni reclamó sus cuerpo al Ejército, como en el caso del abogado Jorge Candeloro”.

También harán hincapié en las causas penales por secuestro que Hooft cerró sin citar a los testigos. “Como pruebas documentales se presentaron esos mismos trámites, fechados en 1977 y relacionados con la `Noche de las corbatas´”, se agrega en la nota.

Además del caso del matrimonio Marta García y Jorge Candeloro, la acusación argumentará sobre otros cinco hechos y causas judiciales en las que el magistrado –suspendido en sus funciones- “no cumplió” su rol. Pero el eje estará en la “Noche de las corbatas”, el megaoperativo en el que fueron secuestradas una docena de personas, varias de ellas abogados laboralistas como Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda. Sólo sobrevivieron los abogados José Verde; Bozzi -declaró que tras su liberación lo citaron del juzgado de Hooft pero no fue- y Ricci -falleció sin contar a nadie lo que había ocurrido esas horas que pasó secuestrado-.

Desde la defensa, en cambio, centrarán el alegato en los antecedentes de Hooft e insistirán con la idea de que existe un “complot sostenido por los organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y un abogado marplatense”.