Juicio por trata: la Fiscalía pidió hasta ocho años de prisión para los imputados

Por Belén Cano, especial para 0223.

El primer juicio oral y público por un caso de trata de personas en Mar del Plata entró en su etapa final. Después de escuchar los alegatos el viernes y sábado, este lunes a partir de las 9 se escucharán los últimos testimonios de los ocho imputados, y horas después llegará el veredicto.

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, pidió 8 años de prisión para Jorge Sánchez, acusado de liderar la red de tratantes; 6 para su mujer, Orfelina Valdez Montero, quien aunque está acusada también de ser autora del “delito de trata doblemente agravado, por haber sido cometido en forma organizada y por tratarse de más de tres víctimas en concurso real con el delito de "explotación de la prostitución ajena”, su condición social, económica y educativa, marcó la diferencia en la escala de pena.

Como partícipes necesarios, el representante del Ministerio Público Fiscal sindicó al hijo del presunto líder de la banda, Fernando Sánchez, acusado de ser una suerte de encargado de lugar, cobrar los pases de las mujeres con los clientes/prostituyentes, además de las copas, y de imponer multas de 100 o 150 pesos por quejas de los clientes.

Y también a Claudio Marcelo Campo, acusado de tener a cargo la “cobertura institucional” del ilícito, ya que el acusado es policía bonaerense de Drogas Peligrosas. Además se suma también el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, conforme los artículos 248 y 274 del Código Penal.

Penas menores fueron pedidas para Carmela Concepción Colas (4 años) y su pareja, Ángel Hernández (3 años). El dominicano estaba a cargo de la seguridad de la puerta del prostíbulo donde eran explotadas mujeres; mientras que la mujer fue marcada como “encargada” del lugar por algunos testimonios, que dijeron que estaba detrás de la barra gestionando el local junto a Fernando. Pero también le sumaron la responsabilidad de autora del delito de trata en el caso de una joven, por la cual fue acusada también Rosa Adames Cruceta, y para quien se pidieron tres años de pena.

Su defensora oficial, Ana María Gil, brindó un contundente alegato pidiendo la absolución de Adames, al contemplar el artículo 5 de la ley 26.364, que habla de la no punibilidad de aquellas personas que son víctimas de trata. Habló de su condición de mujer, pobre y migrante, de su pasado como víctima de violencia, de haberse visto obligada a casarse con un hombre mayor que la golpeaba, de dos intentos de suicidio y su condena a la prostitución ante la falta de alternativas de vida.

Por último, el fiscal solicitó un año de condena para Reinaldo Eugenio Iacovone, dado que para la Fiscalía “se ha comprobado la colaboración esencial en la presentación de material ideológicamente falso”, realizada por el abogado Roberto Montecchia –quien no fue juzgado por problemas de salud- en la delegación local de Migraciones, para que tres víctimas “lograran el beneficio de regularizar su situación migratoria de manera falaz”. Se trata de un delito previsto en el artículo 118 de la ley de Migraciones.

Los bienes decomisados

En su alegato, el fiscal Pettigiani solicitó el decomiso del dinero incautado en la vivienda de los acusados de liderar la red de trata y en el prostíbulo (más de 1500 dólares y cerca de 85 mil pesos), de la camioneta Mitsubishi de Sánchez, y del local de San Salvador al 7200, propiedad de Valdez Montero.

“En el caso del delito de trata de personas (las) ingentes ganancias se obtienen a partir del aprovechamiento de la vulnerabilidad y las necesidades de las víctimas, demostrando una actitud de total desapego por la dignidad humana, lo cual otorga al decomiso el justificativo ético que la medida requiere transformando la misma en una estricta razón de justicia”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Incluso, mencionó “que los bienes decomisados con motivo del delito de trata de personas, serán destinados y afectados a programas de asistencia de las víctimas del mismo”.