La mano (ausente) del Estado en la problemática de los chicos

El crimen del taxista Rubén Cufré tiene hasta ahora un único sospechoso identificado: un joven de 15 años con un frondoso prontuario. Más de 15 ingresos a la Justicia por diversos hechos hasta la última aprehensión por el homicidio del taxista, aunque todavía no hay elementos concretos que permitan a los investigadores asegurar que tuvo participación en el homicidio. Se trata de un menor inimputable, por tanto no puede ser privado de su libertad. El pedido inmediato que surge en estos casos es la baja de la edad de imputabilidad. Sin el dolor a cuestas de una víctima, surge, también, una pregunta ineludible: ¿qué hizo el Estado entre la primera y la última vez que este joven tuvo conflicto con la ley penal? A juzgar por los resultados, la respuesta es clara: nada.

Está instalado que la Justicia está atada de manos si un chico menor de 16 años comete un delito. Entran y salen, se repite. La idea tiene una parte de realidad, pero otra –tal vez más grande- de ficción.

Lo cierto es que sin encerrarlos, la Justicia puede disponer diversas medidas para promover la reinserción social de los chicos. No faltará quien diga que un joven que mata merece un castigo propio de la acción que cometió. Sin embargo, ese chico de 14 o 15 años que mata tuvo antes cinco, seis, diez o veinte hechos menores en los que el Estado pudo intervenir y le dio la espalda.

La ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños (13.298) entre los artículos 32 y 36 establece las medidas de protección integral de derechos. Lo primero que plantea es la existencia de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que dependen del Municipio. El artículo 35 fija una docena de medidas que estos centros deben adoptar en caso de vulneración de derechos.

El Municipio de General Pueyrredon tiene 11 Centros de Protección de Derechos de la Niñez y es el distrito de toda la Provincia que más tiene. Cada centro tiene –o debería tener- un psicólogo, un trabajador social, un médico y un abogado. “Hay algunos que funcionan mejor que otros, pero en general no se hace un seguimiento serio de los chicos que llegan. Apenas se cumple con el trabajo burocrático de presentar informes”, confirmó a 0223 una fuente especializada en el tema.

Además de estos lugares, existen las casas de abrigo como Arenaza o Gayone, donde se da alojo a menores con problemas sociales más severos, casos en los cuales el vínculo familiar está muy deteriorado. Sin embargo, tanto una como otra instancia están pensadas para chicos con conflictos sociales, no con problemas penales severos. Ni siquiera, para jóvenes con adicciones. Entonces, ¿qué se hace con los chicos inimputables que cometen delitos graves?               

La respuesta puede encontrarse en las declaraciones testimoniales de muchos jóvenes que llegan a la Justicia. Son derivados a un instituto, los operadores los van a buscar y ante la primera chance los dejan huir. ¿Por qué? Esos institutos no están preparados para chicos con semejantes problemas y los operadores optan por cortar el hilo por lo más delgado: que se vaya y vuelva a ser un problema de la policía y la Justicia. Y la rueda vuelve a girar y llega un punto en que es imposible detenerla.