El gobierno pidió a la Justicia rechazar el planteo de una entidad para frenar los aumentos de Osse

La Municipalidad de General Pueyrredon y Osse pidieron a la Justicia marplatense rechazar la demanda presentada por una entidad civil que busca frenar los aumentos de Osse, al sostener que los mismos son ilegítimos por no haber mediado audiencia pública. Tanto el Ejecutivo como la empresa sanitaria descartaron tal postulado, argumentando que la ley a la que adhiere la Ciudad no contempla dicha instancia de participación ciudadana.

Las novedades surgieron esta semana en el marco de la causa que desde diciembre tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, luego que la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) presentará una demanda colectiva para lograr la anulación del aumento del 142,7% que se implementó en las cuotas 1 y 2, vía el Decreto 292/2023 del Concejo Deliberante.

Los dos argumentos centrales, desechados ahora por las demandadas, apuntan a la presunta ilegitimidad de los aumentos dispuestos porque previamente no se instrumentó audiencia pública, como lo fija la Ley 14.745, y que además fue implementado a fines de diciembre mediante un decreto de la Presidencia del Concejo Deliberante, y no con una ordenanza.

En cuanto al segundo aspecto, la respuesta a la demanda realizada por la Municipalidad apuntó que el Decreto 292 finalmente fue convalidado mediante Ordenanza 20.384 a comienzos de enero, promulgada luego mediante el Decreto 614/24 del intendente Guillermo Montenegro, por lo que quedaría descartada la supuesta nulidad del decreto inicial para poder instrumentar un aumento tarifario.

Por su lado, la contestación de los abogados de Osse se focalizaron fuertemente en justificar la inviabilidad del planteo de Adduc respecto a la audiencia pública. “Ni el Municipio de General Pueyrredón ni Obras Sanitarias Mar del Plata han incumplido obligación en relación a la publicidad y acceso a la participación ciudadana para los usuarios vecinos de esta ciudad”, sostuvo la firma.

Osse expuso ante el juez Simón Isacch que “la actora incurre en un error de apreciación”, dado que la Municipalidad en 2008 adhirió por ordenanza al Marco Regulatorio Provincial para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Buenos Aires.establecido en 2003 por el gobernador Felipe Solá mediante el Decreto 878/03 y a la Ley 13.154 que ratifica dicho decreto. Allí no se establecía la obligatoriedad de realizar una audiencia pública ante aumentos tarifarios, lo que recién se incorporó en 2015 con la Ley 14.745. Además, la función no corresponde a Osse, sino al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba), que depende del gobierno bonaerense.

“Al tiempo de la adhesión, la audiencia pública no tenía carácter obligatorio en dicho Marco Regulatorio Provincial. Contrariamente a lo que expresa la actora, la audiencia pública recién se normalizó con carácter obligatorio a partir de la modificación introducida por la Ley Provincial 14.745. Entonces, es palmario que el Municipio de General Pueyrredon no adhirió a dicha normativa, pues su adhesión se había producido siete años antes”, justificó.

Además, explicó que “desde el año 2008 en que se formuló la adhesión y hasta hoy, ni Ocaba ni ADA (Autoridad del Agua) instrumentaron tales audiencias públicas respecto del Municipio de General Pueyrredon ni OSSE en particular”.

“Grave situación económica financiera”

Por su lado, la Municipalidad brindó un especial desarrollo a justificar el aumento desde el punto de vista económico. “Las motivaciones del mismo son las que plasman los informes producidos por OSSE que parten de una grave situación económica financiera a ese momento”, indicó sobre la urgencia de aprobar el aumento por decreto, para poder ya implementarlo en las facturas de enero, situación que no se habría podido lograr al esperar el tratamiento habitual de un proyecto de ordenanza.

“El decreto 292 y su posterior convalidación (votada por unanimidad) tienen su causa no solo en los informes agregados al Expediente Electrónico que describen y dan cuenta de la gravedad de la situación económica financiera de OSSE, sino que la delicada situación de emergencia económica de OSSE fue advertida y descripta por el Honorable Tribunal de Cuentas”, añadió la Comuna.

“En consecuencia, ninguna irregularidad, y menos aún ilegalidad se ha producido,la recomposición de la tasa se ha determinado a través de los instrumentos legales que definen el funcionamiento de Obras Sanitarias Mar del Plata”, concluyó.